Rosa María Payá Acevedo
Tomado de la Voz de América
Hablar de democracia sin hablar de legitimidad es construir castillos en el aire. Proponer un plebiscito para preguntarle al pueblo cubano si quiere elecciones libres desconoce un hecho esencial: los cubanos ya decidieron en 1940. La voluntad soberana ya fue expresada en una Constitución que fue violada por Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952 y jamás restaurada, ni siquiera por quienes prometieron hacerlo después.
No hay que preguntarle al pueblo si quiere ser libre. El pueblo es libre por derecho natural, por historia, y por mandato constitucional.
Lo que se necesita no es otro plebiscito, ni más reformas cosméticas. Lo que se necesita es obedecer el mandato constitucional que fue usurpado y restaurar el orden legal quebrantado.
La propuesta de “Cuba Decide” puede sonar atractiva, pero parte de una lógica peligrosa: legitimar al régimen como árbitro del proceso.
Cuando se pide un plebiscito bajo la mirada de «entidades imparciales», se cae en la trampa de pedirle permiso al carcelero para abrir la celda. Se finge neutralidad en un país donde la represión, la censura y el miedo controlan cada paso.
Además, ¿cómo se va a organizar un plebiscito libre sin haber primero desmantelado las estructuras represivas del Partido Comunista? ¿Cómo se puede hablar de participación ciudadana cuando no hay derechos cívicos garantizados ni partidos legales? Eso no es transición, es teatro.
Desde el Gobierno Constitucional Cubano para la Transición, no buscamos imponer, sino restaurar. No proponemos un nuevo pacto, sino honrar el que el pueblo ya firmó en 1940, con todas sus libertades, deberes y garantías. Porque la soberanía no se mendiga, se ejerce. Y la libertad no se negocia, se defiende.
Por eso, no hay que preguntarle al pueblo si quiere libertad, hay que devolvérsela cumpliendo la Constitución legítima. No es plebiscito. Es justicia histórica.