Condenamos el encarcelamiento por parte de la dictadura de Murillo-Ortega de guardabosques nicaragüenses por denunciar la venta y el arrendamiento ilegal de tierras; su único delito ha sido informar con valentía sobre la corrupción del régimen. Estados Unidos exigirá responsabilidades por los abusos cometidos por los dictadores hasta que se haga justicia.
Guardabosques Mayagna detenidos sin orden judicial
El grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emitido a Opinión N° 22/2025, declarando como “arbitraria” la privación de liberta de cuatro guardabosques indígenas Mayagnas en Nicaragua, quienes fueron detenidos violentamente el 13 de agosto de 2023 en un operativo con unto del Ejercito y la Policía Nacional.
Los guardabosques identificados en la opinión de la ONU son: Rodrigo Bruno Arcángel, Stony(Tony), Bruno Smith, Oliver (Ovier) Bruno Palacios y Evertz (Evert) Bruno Palacios, todos ellos voluntarios del territorio Mayagana Sauni As, en la Reserva de la Biosfera de Bosawás. Su detención se produjo de madrugada, sin orden judicial y con uso de lacrimógenos. La comunidad Mayagna sostiene que esta acción fue una represalia por defender su territorio indígena frente a invasores y denunciar la destrucción del bosque.
EE.UU. condena el encarcelamiento de guardabosques comunitarios de Nicaragua
Según esa oficina, el único delito de los guardabosques nicaragüenses comunitarios «ha sido informar con valentía sobre la corrupción del régimen» de Nicaragua.
«Estados Unidos exigirá responsabilidades por los abusos cometidos por los dictadores hasta que se haga justicia», prometió esa oficina.
En enero de 2023, el Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua acusó a un grupo de 24 personas -identificados por las ONG ambientalistas como guardabosques comunitarios- de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores en el Caribe norte por los delitos de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
Los guardabosques condenados, 10 de los 24, estaban a cargo de monitorear y denunciar la invasión de «colonos» en territorios indígenas, así como la venta y arriendo ilegal de tierras, la corrupción de las autoridades y las concesiones mineras que amenazan sus territorios, de acuerdo con la Fundación del Río, que tras ser ilegalizada por las autoridades de Nicaragua, tiene ahora su sede en San José.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha advertido que las poblaciones indígenas de Nicaragua corren el riesgo de ser exterminadas por la constante invasión de sus territorios.
Los pueblos indígenas y de ascendencia africana en Nicaragua viven en 304 comunidades establecidas en 23 territorios, la mayoría en las zonas más pobres y aisladas del país, según datos oficiales. EFE
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