Polémico “impuesto partidario” sacude a empleados públicos en Nicaragua

Una nueva controversia golpea a Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega enfrenta una ola de críticas tras la aplicación de un llamado “impuesto partidario” que, según denuncias, descuenta cerca del 13% del salario a trabajadores del Estado que ganan más de 10,000 córdobas.

La medida, aplicada de forma automática y sin posibilidad de rechazo, ha sido calificada por los empleados públicos como una imposición que afecta directamente su bolsillo. Muchos aseguran que no existe claridad sobre el destino de los fondos, lo que ha alimentado las sospechas de actos de corrupción lo que aumenta el malestar dentro del sector público.

Desde RPU, la Unidad Democrática Nicaragüense – Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo ha expresado un rechazó contundente a esta política del gobierno sandinista, la UDN-FUDP califica esta directriz como injusta y lesiva para los derechos de los trabajadores. La organización sostiene que obligar a los empleados públicos a entregar parte de su salario sin transparencia ni consentimiento constituye una práctica abusiva que profundiza la precariedad económica de los nicaragüenses.

El descontento crece entre los trabajadores, quienes ven reducido su ingreso en un contexto económico ya complicado. Analistas advierten que esta práctica podría reforzar el control político sobre la burocracia estatal, debilitando la independencia de los empleados públicos y generando serias dudas sobre el respeto a sus derechos laborales.

A la par de esta polémica, también surgen alarmas por la situación de los pensionados, con denuncias de irregularidades que agravan la vulnerabilidad de los adultos mayores.

El “impuesto partidario” se convierte así en un nuevo foco de tensión en Nicaragua, donde crece el debate sobre transparencia, justicia social y el futuro de las libertades ciudadanas.