ONU documenta 161 desapariciones forzadas y ocho muertes bajo custodia en Nicaragua. Así titula este martes (3 noviembre 2026) el medio digital -Nicaragua Investiga- la noticia internacional que ha trascendido en foros mundiales especializados en temas de derechos humanos.
La nota de prensa reproducida por RPU indica textualmente que: La ONU revela 4 vías legales para enjuiciar a Ortega y su régimen por crímenes y abusos en Nicaragua
Según datos del Colectivo 46/2 actualizados a octubre de 2026, al menos 72 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas; de ellas, 33 se encuentran en situación de desaparición forzada (incluidas 16 mujeres y 16 personas adultas mayores). Dice el reporte de Nicaragua Investiga.
El medio cita al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN) que expuso ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, en Nueva York, cuatro caminos concretos para avanzar en la rendición de cuentas del régimen de Daniel Ortega por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de carácter internacional.
Durante la presentación del informe “Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, el experto Reed Brody indicó que el grupo ha identificado a 56 personas —entre altos funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad y operadores judiciales— sobre las que existen indicios razonables de responsabilidad en estos hechos.
Las cuatro vías propuestas son las siguientes:
1. Demandas interestatales ante la Corte Internacional de Justicia.
Estados pueden presentar casos contra Nicaragua por la privación arbitraria de la nacionalidad. Cientos de personas han perdido su ciudadanía por decisiones oficiales y otras enfrentan una situación de apatridia de facto al no poder obtener pasaportes u documentos básicos.
2. Actuación de la Corte Penal Internacional.
El grupo señala la posibilidad de activar la CPI por crímenes con componente transfronterizo, como la deportación forzada de personas hacia países que son parte del Estatuto de Roma.
3. Jurisdicción universal.
Tribunales de terceros países pueden investigar y juzgar determinados crímenes internacionales aunque no se hayan cometido en su territorio. Esta vía ya se utiliza en Argentina en causas vinculadas a Nicaragua.
4. Ampliación de sanciones selectivas.
El GHREN propone extender las medidas restrictivas individuales a personas ya identificadas por el grupo que aún no han sido objeto de sanciones internacionales.
En el mismo debate, delegaciones de Costa Rica, Chile, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Brasil, Uruguay, Polonia, Irlanda, Georgia, Panamá y la Orden Soberana de Malta expresaron preocupación por las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, el desmantelamiento institucional y la persecución de nicaragüenses en el exilio. Varias delegaciones pidieron la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y medidas de protección para las víctimas.